El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha presentado hoy la propuesta de acuerdo político de ámbito estatal que esta organización ofrece a debate a todas las formaciones políticas para prevenir y combatir la corrupción y regenerar la vida democrática. IU busca que esta iniciativa –que consta de 20 puntos que incluyen medidas muy concretas y una batería de peticiones de reforma de leyes importantes- sea debatida y concretada en el Congreso de los Diputados y que se extienda también a los órganos legislativos de comunidades autónomas y ayuntamientos.
Según expuso Cayo Lara, “en IU opinamos que la corrupción amenaza directamente a la democracia. Está justificada la ira de los ciudadanos ante los escándalos que se siguen conociendo”.
Detalló que esta lacra “está ligada al sistema productivo y ha crecido por el modelo de desarrollo español ligado al ladrillo y a la especulación. Es el mismo causante que impedirá que se pueda salir de la crisis al mismo tiempo que otros países de la UE”.
El máximo responsable de IU, acompañado por el secretario de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, avisó de que la corrupción “desafecta a la gente de la política, de la democracia” y puso como ejemplo que “no es de recibo que haya 18 alcaldes condenados y sólo uno en la cárcel”. Lamentó que cuestiones así acaben dando alas a “quienes interesadamente intentan transmitir la idea de que todos los políticos son iguales”.
“Es una vergüenza absoluta –dijo- que tengamos que estar proponiendo medidas para combatir la corrupción, cuando todo el país y las fuerzas políticas deberían estar dedicando todo su esfuerzo a combatir la crisis y el paro, los dos grandes problemas que de verdad afectan a la vida de los ciudadanos”.
La propuesta de acuerdo político lanzada se centra en medidas dirigidas a mejorar la persecución de delitos vinculados a la corrupción, a incrementar el control en las contrataciones que hacen las administraciones públicas, mejorar leyes como la de Financiación de los Partidos o a hacer más transparente la gestión pública.
Entre los puntos más destacados está la petición de endurecimiento de las penas en el Código Penal y la ampliación hasta 30 años de la inhabilitación para desempeñar cargos públicos. También se pide limitar la recepción de regalos e invitaciones de los empleados públicos, procedimientos de urgencia en las diligencias judiciales relacionadas con corrupción política, así como la dotación de medios a las Fiscalías Anticorrupción, los Tribunales Superiores de las CC.AA y a la Agencia Tributaria.
El documento también plantea fijar la responsabilidad subsidiaria para las instituciones financieras que colaboren en ocultación de bienes, evasión de capitales y operaciones en paraísos fiscales de los condenados por delitos vinculados a la corrupción.
Asimismo, propone el establecimiento de Comisiones de Control y Seguimiento de la contratación y las externalizaciones en Departamentos Ministeriales, Consejerías, Organismos y Ayuntamientos con participación de representantes de los trabajadores y, en su caso, de los partidos de oposición y de las Asociaciones de Vecinos; así como la creación de una comisión parlamentaria especial y Comisiones homólogas en los Parlamentos de las CCAA.
En el apartado de propuestas de reformas legislativas, Izquierda Unida reclama el compromiso de las fuerzas políticas para modificar la Ley Electoral, la de Financiación de Partidos Políticos, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la Ley de Bases de Régimen Local, una Ley de Financiación Local que garantice el principio de suficiencia, la incorporación al ordenamiento legal español de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), y el desarrollo urgente de las medidas preventivas contempladas en la Ley del Suelo.
Entre las medidas para asegurar la transparencia de la gestión pública y la participación ciudadana, IU quiere regular con criterios de austeridad de los salarios de los cargos públicos, un buen sistema de incompatibilidades, crear un registro público de recalificaciones de suelo y aumento de la fiscalidad de las plusvalías obtenidas, crear un registro de tenederos de billetes de 500 euros y ampliar el ‘Código Ético del cargo público’.
ABSOLUTO RESPALDO A MANUEL FUENTES
En la misma comparecencia, Cayo Lara calificó como “sentencia del silencio” el falló judicial conocido el día antes por el cual se condena al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, y otros cuatro ediles y ex ediles de IU por calumnias al constructor Francisco Hernando, más conocido como ‘Paco, el Pocero’.
El Juzgado número 1 de Toledo les impuso una multa individual de 3.600 euros, una indemnización conjunta de 15.000 euros y el pago de las costas al considerarles responsables de la publicación de un boletín de la Asamblea local de Seseña en el que se incluía el artículo ‘El mago del ladrillo’, donde el juez cree ver las calumnias por las que condena a los dirigentes de IU.
“Qué estarán pensando –se interrogó- los miles de alcaldes honrados del país y las decenas de miles de concejales y concejalas cuando hayan conocido esta sentencia contra uno de los alcaldes de España que más están combatiendo las presiones a lo largo del tiempo para intentar que brille la democracia, la transparencia y la legalidad en su ayuntamiento”.
Para el coordinador federal de IU “muchos alcaldes y concejales pensarán que cuando les entre algún promotor como ‘El Pocero’ tienen que tener muchísimo cuidado en la defensa de la democracia con las declaraciones que puedan hacer ante el poder económico y las presiones para intentar lograr determinadas concesiones”.
Lara resumió su opinión argumentando que “se ayuda poco con esta sentencia a luchar contra lo que tiene que actuar el país ahora. Quienes defiende la democracia y la transparencia deben plantarse ante quienes tratan de violentar estas cuestiones”.
Cayo Lara indicó con vehemencia que IU seguirá “combatiendo políticamente” a los promotores que traten de imponer sus criterios y subrayó que “la democracia está por encima” de cualquier sentencia por adversa que pueda ser. En este sentido, ratificó su confianza en la Justicia, lo que se traduce en que se seguirá aportando a la Fiscalía Anticorrupción “todos los indicios y datos de presuntos casos de corrupción y maquinaciones especulativas que haya en cualquier punto de España”.
El trabajo de Izquierda Unida en la Mancomunidad en la comisión de Turismo, con la promoción turística de la comarca da frutos.
Dado el estado de degradación en el que se encuentra el espacio comprendido entre el paso a nivel y el puente del Miramar en la localidad de Blimea, en el que se encuentran dos estrechamientos de la calzada por el cruce de antiguas canalizaciones de agua que actualmente no existen, junto con las limitaciones al tráfico que supone el actual puente del Miramar (pieza catalogada como patrimonio industrial a proteger) teniendo en consideración todo ello y la proximidad del área recreativa, el campo de fútbol y la senda peatonal paralela al río Nalón
Porque no todos los políticos somos iguales, ante los constantes casos de corrupción de PSOE y PP, IU nos reivindicamos diferentes y libres de corrupción y ante la degradación de las instituciones proponemos:
