IU, a través de su coordinador federal y candidato a las elecciones generales, Cayo Lara, junto al secretario federal de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, ha presentado hoy un ambicioso paquete de medidas de respaldo a las pymes y a los autónomos para incentivar la creación de empleo en este segmento, que da ocupación al 85 por ciento de los trabajadores.
García Rubio planteó la realidad existente de que 1.795.000 empresas no tienen ningún trabajador contratado, según datos del INE a enero de 2011, por lo que Izquierda Unida se dirige especialmente a este ámbito y propone un ‘Programa Primer Trabajador para pequeña empresa y autónomo’, para que se subvencione durante dos años el primer contrato indefinido por parte de las empresas o autónomos sin trabajadores.
Según las “estimaciones prudentes” del responsable económico de IU “si se aplicaran en su totalidad las medidas legales propuestas por IU, que no necesitan una financiación especial, podría suponer la creación de entre 300.000 y 400.000 empleos. Hay una condición previa, que la economía empiece a relanzarse”.
La iniciativa presentada hoy reitera la necesidad de contemplar compensaciones a las pymes y los autónomos por las nuevas contrataciones que sean necesarias para establecer la jornada laboral de 35 horas semanales, propuesta que defiende IU y contenida en el Plan de Empleo presentado la semana pasada.
Precisamente, Cayo Lara ha precisado que esta propuesta se suma a ese Plan, que preveía la creación de tres millones de puestos de trabajo en tres años con una financiación pública de 40.000 millones de euros procedentes de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y con un retorno del 50% a través de las cotizaciones sociales, IRPF, IVA y ahorro en prestaciones por desempleo, por lo que se tratarían de puestos de trabajo adicionales.
“Si no se estimula la economía productiva creando empleo nos vamos a hundir”, ha declarado Lara, quién añadió que “el dinero no puede continuar instalado exclusivamente en la economía especulativa, tiene que pasar a la economía real y si no lo hace directamente por la vía del que lo tiene, tiene que pasar por la vía de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida”.
El plan pretende también mejorar la liquidez de las pequeñas empresas y autónomos, aplicando de manera “inmediata” la directiva del Parlamento Europeo para limitar los plazos de pago de la Administración Pública a sus proveedores a 30 días. De igual forma, se propone crear una ‘Cuenta Fiscal’ que garantice el pago dentro de ese plazo, por la vía del ICO, y retraiga después el importe de las compensaciones que reciben las entidades locales.
IU consideras necesario retrasar la obligatoriedad del ingreso del IVA hasta que la factura haya sido efectivamente cobrada por el empresario, así como la revisión del llamado sistema de módulos.
Igualmente, apuesta por convertir el ICO en “el banco de las pequeñas y medianas empresas” y exigir a las entidades financieras avaladas por el Gobierno un programa de crédito para las pymes y los autónomos.
Lara detalló también una serie de medidas específicas para apoyar a las empresas agrarias de carácter familiar y a las cooperativas agrarias, así como un plan de desarrollo rural, que persiguen, entre otros fines, evitar el despoblamiento de las zonas rurales.
Enlace al documento con las 20 propuestas.
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