Iniciativa cívica por la concienciación y contestación social contra los recortes y el estado del bienestar.
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31 de julio de 2012
20 de julio de 2012
17 de julio de 2012
IU se concentrará a las puertas de la Moncloa para expresar su rechazo a unos recortes que "atacan a la Constitución y a la democracia"
El Consejo Político Federal reunido hoy aprueba una resolución que llama a la ciudadanía a la “movilización frente al desguace del Estado”.
Izquierda Unida ha decidido hoy realizar una concentración el próximo viernes día 20 a las puertas del Palacio de La Moncloa para denunciar, mientras se reúne el Consejo de Ministros, que los drásticos recortes impuestos por el Gobierno suponen un “ataque al actual sistema constitucional y a la democracia”. Cayo Lara anunció esta movilización durante su intervención final ante el Consejo Político Federal (CPF), reunido hoy en Madrid.
Los miembros del Consejo aprobaron también las Normas con las que se desarrollará la X Asamblea Federal de IU, dando así el pistoletazo de salida para la preparación de la misma, de la que saldrá la nueva dirección federal para los próximos tres años, así como la persona que la encabezará como coordinador federal.
Mientras tanto, la movilización de IU frente a La Moncloa de la próxima semana fue el colofón de una intensa reunión del CPF. Su anuncio corrió parejo a la presentación y aprobación (44 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones) de una resolución política en la que IU llama a la ciudadanía a la “movilización frente al desguace del Estado” que lleva a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy.
“Es necesario que la calle hable”, señala el texto que fue presentado a los miembros del Consejo por José Antonio García Rubio, secretario federal de Economía y Trabajo. “Llamamos a todos nuestros afiliados, a toda la gente de izquierdas, a toda la población a participar activamente en las movilizaciones convocadas por los sindicatos para el próximo día 19 de julio y a preparar las acciones generales que, sin duda, van a ser convocadas en otoño”, concretó.
La resolución llama a “todos los demócratas a derrotar al Gobierno y sus políticas” porque es necesario defender “la solidaridad frente al recorte” y recuerda que “la lucha de los mineros es ya un referente de la movilización necesaria para derrotar las políticas de este Gobierno, que van contra los trabajadores pero también contra la mayoría social y el interés nacional”.
IU asegura en el texto aprobado que no permitirá que “España sea una nueva Grecia” y exige la consulta a la ciudadanía en referéndum de “la imposición de las 32 medidas contenidas en el memorándum de la Comisión Europea”, aceptado por el Gobierno español para lograr los fondos necesarios para el rescate a los bancos con problemas.
Frente a los duros recortes consecuencia de este rescate, IU rechaza a través de su resolución cualquier “compromiso” con esas medidas, al tiempo que acusa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por situarse “frente a los trabajadores y el interés nacional”, mientras que el PSOE, con su apoyo a la gestión del Gobierno frente a Bruselas, “ha quedado atrapado en la lógica que conduce al agravamiento de la crisis”.
La resolución afirma que, con los recortes no sólo se busca la culpabilizacación de los funcionarios, sino que “se viola la seguridad jurídica de los contratos establecida en la Constitución y se incumple la negociación colectiva”.
Además, Izquierda Unida advierte de que se busca limitar los derechos de representación democrática “en un intento de trasladar a la población la idea de que la democracia es cara”. “Lo que verdaderamente es caro es un gestión corrupta de ciertos políticos”, se especifica.
El documento sostiene que los ayuntamientos son la institución más cercana a los ciudadanos y “no pueden ser debilitados porque entonces la democracia pierde sentido y calidad”.
Se asegura que la subida del IVA “golpea más a los sectores populares” y se señala al Ejecutivo de la derecha por hacer “un nuevo regalo” a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) al propiciar un “trasvase de rentas salariales a las empresariales”.
“Con esa medida (IVA) se debilita el consumo y, por tanto, se agrava la crisis económica y se perjudica el empleo. Pone contra las cuerdas a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos”, apunta el texto.
La resolución de IU aprobada constata que el plan de recortes y las medidas que ejecuta el Gobierno del PP suponen “un ataque a los fundamentos que hicieron posible nuestro actual sistema constitucional y a los principios de la democracia. Lejos de ser una salida hacia delante de la crisis es una regresión económica y social y significa una involución democrática”.
Al igual que expuso Cayo Lara horas antes en la presentación de su Informe político, el texto expone la necesidad de una auditoría de la deuda pública por parte del Gobierno para determinar qué parte corresponde a la economía real y qué parte es ilegítima.
15 de julio de 2012
13 de julio de 2012
12 de julio de 2012
4 de julio de 2012
CORAZÓN DE CARBÓN
CORAZÓN DE CARBÓN
¿Qué está haciendo el Gobierno del PP con el tema de la minería del carbón?, ¿qué pretenden?, ¿a qué juegan?, ¿por qué dan cerrojazo a la negociación de una solución?, ¿cuál es el objetivo?
No es entendible, salvo… que pretendan doblar a los trabajadores, como hizo en 1984 la primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher, conocida como “la Dama de Hierro” por su dureza aplicando políticas como cuando a través del Consejo Nacional del Carbón (NCB) impuso un plan in-negociable de cierre para la minería al que los trabajadores respondieron con movilizaciones y la convocatoria de una huelga que duró nada menos que un año, a la que hizo oídos sordos. ¿Es eso lo que pretende el Ministro Soria?.
¿Es ese el espejo en el que se mira el señor Rajoy?; ¿que los mineros encerrados se pudran?, ¿que revienten camino de Madrid?, ¿o que se cansen y se vallan a casa?.
Con la actitud de bloqueo al diálogo da la sensación que así es. No se entiende de otra forma.
Lo que no debe perder de vista el PP del señor Rajoy es el resultado del “modelo Dama de Hierro”: desestructuración económica y social de unos territorios y comarcas sin proyectos alternativos al carbón, con la pérdida de miles de empleos directos e indirectos, dejando comunidades enteras arruinadas que a día de hoy siguen sumidas en ese proceso de degradación.
El Gobierno debe sopesar que el carbón es de lo poco que queda en una Asturias sin muchas alternativas y que el corazón económico de esta tierra, en una parte importante es de carbón, que va tirando por una economía muy tocada con empresas estratégicas en el aire. Parar ese corazón de carbón es parar Asturias.
(La dama de hierro dobló por la contestación social que empezó con el conflicto de la minería y en gran medida por su propia prepotencia, ¡ojo!). No se olvide: Asturias – corazón de carbón, voluntad social de defenderlo y recordar que el “hierro”… funde y dobla al calor del carbón y la contestación social. Tomemos y tomen nota.
Coordinador IU-Asturias
3 de julio de 2012
27 de junio de 2012
Moción de IU instando al Estado a aprobar una solución política al engaño de las Participaciones Preferentes
El Grupo Municipal de IU del Ayuntamiento de Samartín del Rey Aurelio, al amparo de dispuesto en los Artículos de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, presenta al Pleno para su debate y posterior aprobación si procede, la Moción siguiente:
Moción instando al Estado a
aprobar una solución política al engaño de las Participaciones Preferentes
Visto que según los datos de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, se han emitido a lo largo de estos años cerca de 30 mil millones de Euros en participaciones preferentes, mayoritariamente comercializadas entre pequeños ahorradores que desconocían los riesgos del producto que se les ofertaba.
Visto que en los últimos meses han sido miles los afectados que han formulado denuncias ante los servicios de atención al cliente de las entidades y ante la propia CNMV para denunciar la irregular comercialización de este producto alegando falta de transparencia al no haber sido informados ni de las características de los mismos ni de sus riesgos, y en especial de su escasa o nula liquidez y de su carácter perpetuo.
Visto que a la mayoría de estos ahorradores se les aseguró que lo que contrataban era un depósito a plazo fijo cuyas cantidades podían reembolsar cuando quisieran.
Visto que a pesar de solicitarlo reiteradas veces las entidades comercializadoras se han negado a devolver el dinero a los afectados sumiéndoles en muchas de las ocasiones en una situación desesperada.
Visto que, además, en la práctica totalidad de los casos denunciados se trata de ahorradores con historial carente de inversiones arriesgadas, y que por norma general sus ahorros siempre los habían rentabilizado con la contratación de depósitos bancarios e imposiciones a plazo fijo que les permitían rescatar su dinero cuando quisieran.
Visto por lo tanto que esta práctica ha sido completamente generalizada en los últimos años y que las soluciones propuestas por las distintas entidades no satisfacen en absoluto el derecho de los afectados a acceder de forma inmediata a la totalidad de sus ahorros.
Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, y en particular la normativa financiera y de consumo.
Considerando que se han cometido diversas irregularidades en la comercialización de estas participaciones preferentes, en particular en lo concerniente a una total falta de información sobre las características
del producto sobre todo en lo que se refiere a su falta de liquidez y su perpetuidad, ya que bajo la apariencia de un depósito se colocó un producto
perpetuo cuya inversión no puede ser recuperada en estos momentos de crisis económica, justo cuando más necesario se hacía disponer de ella para muchas familias trabajadoras,
alguna de ellas de nuestro concejo.
Considerando que en materia financiera han existido numerosas irregularidades al incumplirse lo dispuesto en la normativa MIFID ya que en la mayoría de casos no se ha realizado test de idoneidad ni conveniencia alguno, tal y como requiere la norma, como obliga respecto a los inversores minoristas, y si ha sido realizado, no ha sido cumplimentado por el consumidor, siendo rellenado por la entidad y presentado a la firma al consumidor como un mero formalismo más.
Considerando que
han existido
casos incluso de personas que, con el primer test realizado sobre su perfil del inversor, posteriormente en contrato se han excluido sus efectos imponiendo mediante contrato de adhesión cláusulas que hacen que el consumidor se contradiga de los resultados de ese test, quedando contemplado en el clausulado que es bajo su responsabilidad, cuestión esta que atañe de lleno a la normativa de protección de consumidores.
Considerando que no ha habido por parte de las entidades emisoras y comercializadoras de preferentes una información suficiente, veraz, clara y comprensible, como debe ser la información que se transmita al consumidor, y teniendo en cuenta que el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios considera como un derecho básico del consumidor la protección de sus legítimos intereses, económicos y sociales, en particular frente a las prácticas comerciales desleales y las cláusulas abusivas.
Considerando que
ha existido además trato discriminatorio hacia el ahorrador contratante pues se ha podido constatar también un trato desigual de unos clientes con respecto a otros de la misma entidad. En concreto, las empresas que han emitido estas participaciones preferentes no actúan de igual manera con todos los inversores a la hora de resolver las posibles controversias: a unos se les ha reembolsado el 100% del capital de una forma muy rápida, mientras que a otros no se les llega a reembolsar ningún porcentaje tras la solicitud realizada, aduciendo la entidad financiera que no encontraba compradores en el mercado secundario para estas participaciones preferentes.
Considerando que la propia CNMV, como ha sido así reflejado en diversos diarios económicos, consciente de estas irregularidades ha obligado a los propios bancos y cajas a cesar en estas fórmulas arbitrarias y opacas de compraventa de preferentes y las ha obligado a insertar las órdenes de compra y venta en un mercado secundario más transparente.
Considerando todo lo anteriormente expuesto y aunque depende principalmente de una normativa de competencia estatal y europea y de la actuación de los supervisores y reguladores nacionales, es también competencia de los propios municipios en base a las facultades en materia de consumo que detentan establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local que en su artículo 25 asigna a los Ayuntamientos la defensa de los consumidores.
Considerando que así mismo la
Ley 1/2006 de Defensa y
Protección de los Consumidores y Usuarios insiste precisamente en este aspecto competencial del municipio.
Considerando que el artículo 51 de la Constitución, principio rector de la economía dirigido a todos los poderes públicos, obliga a éstos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios “protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.”
Considerando además que muchas de las entidades responsables de este bloqueo son además cajas de ahorro en la que los Ayuntamientos tienen poderes de control y dirección y por lo tanto autoridad para limitar e impedir las consecuencias de estos desmanes a través de la representación que ostentan en sus consejos de administración y los miembros fijos y rotatorios que ostentan en sus asambleas generales.
Considerando los dramáticos efectos de estas prácticas que se concretan en gran parte en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales y los derechos como consumidores de sus ciudadanos, de los que ellos a tenor de la normativa extractada tienen que estar vigilantes; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas por no haber podido acceder a unos recursos que son además suyos, lo que resulta además de ilícito, injusto para el resto de los habitantes del municipio que son los que sufragarán con sus recursos que tendrían en todo caso que ser atendidas por los que originaron la situación de necesidad, los bancos y las cajas de ahorro.
Considerando además que muchas de las entidades responsables son cajas de ahorro en la que los Ayuntamientos tienen poderes de control y dirección y por lo tanto autoridad para limitar e impedir las consecuencias de estas malas prácticas bancarias, el Grupo Municipal de IU plantea para su debate
y posterior aprobación si procede el acuerdo siguiente:
ACUERDO
Primero.- Solicitar en los consejos de administración y asambleas generales de las cajas en las que intervengan a través de la representación que ostentan en virtud de la LORCA se reembolse de forma inmediata el 100% del capital invertido a aquellos consumidores con participaciones preferentes con un perfil de riego conservador (según su experiencia inversora previa, cultura financiera y formación) que buscaban una inversión a plazo fijo con capital garantizado y que ya hayan solicitado el reembolso (venta al 100% en el mercado secundario), intercediendo además en dichos órganos para procurar una salida adecuada para el resto de afectados.
Segundo.- Instar al más alto nivel a los presidentes, directores y responsables de zona de las entidades que tengan sucursales en su municipio que negocien una salida para los ahorradores que necesiten de forma urgente sus ahorros.
Tercero.- Instar a los órganos de consumo existentes a verificar el cumplimiento por parte de las entidades comercializadoras de estos productos de la normativa de consumo.
Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Asociación de
Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) y a las asociaciones vecinales del municipio.
Fdo:
Julio Antuña Román
PORTAVOZ
G.M. IU S.M.R.A.
Sotrondio,
a 22 de junio de 2012.
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