Los Gobiernos de José María Aznar, trasladando la normativa de la Unión Europea, pusieron en marcha un tramposo proceso de liberalización del sector energético, que ha dado lugar a un auténtico oligopolio en la producción de electricidad, que garantiza, a las contadas empresas que participan en el mismo, cuantiosos beneficios.
Otro Gobierno del PP, el del Presidente Rajoy, traicionando los compromisos electorales asumidos con la sociedad asturiana, ha decidido plegarse a las demandas de las eléctricas que consumen en sus térmicas carbón de importación y, no solamente renunciar a reivindicar un futuro para el carbón español más allá de 2018, sino acortar los términos y forzar el inicio inmediato del cierre de explotaciones. Incumpliendo el aún vigente Plan de la Minería redujo en el presente año las consignaciones presupuestarias relacionadas con el carbón un 39% y las dirigidas a subvencionar la extracción casi el 64%, anunciando el Ministro Soria que para 2013 la previsión es de un nuevo recorte del 20%.
Que haya ayudas al carbón no puede ser motivo de escándalo para nadie puesto que, de una forma o de otra, todas las energías cuentan con algún tipo de subvención, lo que, curiosamente, no es óbice para que el llamado déficit tarifaria siga creciendo. Además, en veintidós años el importe de aquéllas ha ascendido a unos 24.000 millones de euros; más o menos lo que de una tacada se ha concedido hace unos meses a Bankia.
Por otra parte, resulta un ejercicio de cinismo que, a la vez que se aplican estos ajustes se pretenda estar elaborando un nuevo Plan de la Minería 2013-2018 en el que se contemplaría la continuidad de las empresas rentables, cuando la estrategia tiene como objetivo que ninguna llegue al 2018. De ahí que no se vaya a contemplar en dicho Plan que haya nuevas incorporaciones de trabajadores al sector para compensar parcialmente las salidas de quienes se prejubilen. El Gobierno quiere más parados y menos prejubilados en la minería.
Para intentar justificar su planteamiento y descalificar las movilizaciones que se han venido produciendo, el Ministerio ha venido insistiendo en que se trata de una cuestión sectorial y que han de aplicarse las mismas formulas que se proyectaron sobre sectores productivos, las que les dejaron caer y extinguirse. En Asturias todavía recordamos lo que pasó con el textil o las industrias conserveras. Pero el carbón es más, vertebra y sostiene territorios. Por eso, más que un problema sectorial, lo es territorial. Son muchos miles de puestos de trabajo concentrados en muy pocos concejos que, de desparecer en dos o tres años, condenarían al despoblamiento a las comarcas afectadas.
También se ha lanzado desde el Gobierno de Rajoy una campaña de intoxicación informativa destacando el importe de las jubilaciones de los mineros, que simplemente se corresponden con las cotizaciones realizadas; poniendo en duda la honradez de los empresarios, que son los mismos con los que negociaron el primer Plan de la Minería; y criminalizando la contundencia de la respuesta sindical, que no fue diferente a las que se dieron en otros momentos.
Todo ello olvidando aquel concepto de sector estratégico y fuente autóctona de producción energética, que sirvió de fundamento para la inversión en la investigación de la combustión limpia que ya ha generado una tecnología adecuada. En un momento, además, en el que otros Estados están impulsando la construcción de nuevas centrales térmicas.
Porque, lo que estorba, no es el carbón. Lo que estorba es el carbón asturiano.
JESÚS IGLESIAS
Senador de IU de Asturias
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