Moción de IU instando al Estado a aprobar una solución política al engaño de las Participaciones Preferentes

El Grupo Municipal de IU del Ayuntamiento de  Samartín del Rey Aurelio, al amparo de dispuesto en los Artículos de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, presenta al Pleno para su debate y posterior aprobación si procede, la Moción siguiente:

Moción instando al Estado a aprobar una solución política al engaño de las Participaciones Preferentes

Visto que según los datos de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, se han emitido a lo largo de estos años cerca de 30 mil millones de Euros en participaciones preferentes, mayoritariamente comercializadas entre pequeños ahorradores que desconocían los riesgos del producto que se les ofertaba.

Visto que en los últimos meses han sido miles los afectados que han formulado denuncias ante los servicios de atención al cliente de las entidades y ante la propia CNMV para denunciar la irregular comercialización de este producto alegando falta de transparencia al no haber sido informados ni de las características de los mismos ni de sus riesgos, y en especial de su escasa o nula liquidez y de su carácter perpetuo.

Visto que a la mayoría de estos ahorradores se les aseguró que lo que contrataban era un depósito a plazo fijo cuyas cantidades podían reembolsar cuando quisieran.

Visto que a pesar de solicitarlo reiteradas veces las entidades comercializadoras se han negado a devolver el dinero a los afectados sumiéndoles en muchas de las ocasiones en una situación desesperada.

Visto que, además, en la práctica totalidad de los casos denunciados se trata de ahorradores con historial carente de inversiones arriesgadas, y que por norma general sus ahorros siempre los habían rentabilizado con la contratación de depósitos bancarios e imposiciones a plazo fijo que les permitían rescatar su dinero cuando quisieran.

Visto por lo tanto que esta práctica ha sido completamente generalizada en los últimos años y que las soluciones propuestas por las distintas entidades no satisfacen en absoluto el derecho de los afectados a acceder de forma inmediata a la totalidad de sus ahorros.

Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, y en particular la normativa financiera y de consumo.

Considerando que se han cometido diversas irregularidades en la comercialización de estas participaciones preferentes, en particular en lo concerniente a una total falta de información sobre las características del producto sobre todo en lo que se refiere a su falta de liquidez y su perpetuidad, ya que bajo la apariencia de un depósito se colocó un producto  perpetuo cuya inversión no puede ser recuperada en estos momentos de crisis económica, justo cuando más necesario se hacía disponer de ella para muchas familias trabajadoras, alguna de ellas de nuestro concejo.

Considerando que en materia financiera han existido numerosas irregularidades al incumplirse lo dispuesto  en la normativa MIFID ya que en la mayoría de casos no se ha realizado test de idoneidad ni conveniencia alguno, tal y como requiere la norma, como obliga respecto a los inversores minoristas, y si ha sido realizado, no ha sido cumplimentado por el consumidor, siendo rellenado por la entidad y presentado a la firma al consumidor como un mero formalismo más.

Considerando que  han existido  casos incluso de personas que, con el primer test realizado sobre su perfil del inversor, posteriormente en contrato se han excluido sus efectos imponiendo mediante contrato de adhesión cláusulas que hacen que el consumidor se contradiga de los resultados de ese test, quedando contemplado en el clausulado que es bajo su responsabilidad, cuestión esta que atañe de lleno a la normativa de protección de consumidores.

Considerando que no ha habido por parte de las entidades emisoras y comercializadoras de preferentes una información suficiente, veraz, clara y comprensible, como debe ser la información que se transmita al consumidor, y teniendo en cuenta que el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios considera como un derecho básico del consumidor la protección de sus legítimos intereses, económicos y sociales, en particular frente a las prácticas comerciales desleales y las cláusulas abusivas.

Considerando que  ha existido además trato discriminatorio hacia el ahorrador contratante pues se ha podido constatar también un trato desigual de unos clientes con respecto a otros de la misma entidad. En concreto, las empresas que han emitido estas participaciones preferentes no actúan de igual manera con todos los inversores a la hora de resolver las posibles controversias: a unos se les ha reembolsado el 100% del capital de una forma muy rápida, mientras que a otros no se les llega a reembolsar ningún porcentaje tras la solicitud realizada, aduciendo la entidad financiera que no encontraba compradores en el mercado secundario para estas participaciones preferentes.

Considerando que la propia CNMV, como ha sido así reflejado en diversos diarios económicos, consciente de estas irregularidades ha obligado a los propios bancos y cajas a cesar en estas fórmulas arbitrarias y opacas de compraventa de preferentes y las ha obligado a insertar las órdenes de compra y venta en un mercado secundario más transparente.

Considerando todo lo anteriormente expuesto y aunque depende principalmente de una normativa de competencia estatal y europea y de la actuación de los supervisores y reguladores nacionales, es también competencia de  los propios municipios en base a las facultades en materia de consumo que detentan establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local que en su artículo 25 asigna a los Ayuntamientos la defensa de los consumidores.

Considerando que así mismo la  Ley 1/2006 de Defensa y  Protección de los Consumidores y Usuarios insiste precisamente en este aspecto competencial del municipio.

Considerando que el artículo 51 de la Constitución, principio rector de la economía dirigido a todos los poderes públicos, obliga a éstos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios “protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.”

Considerando además que muchas de las entidades responsables de este bloqueo son además cajas de ahorro en la que los Ayuntamientos tienen poderes de control y dirección y por lo tanto autoridad para limitar e impedir las consecuencias de estos desmanes a través de la representación que ostentan en sus consejos de administración y los miembros fijos y rotatorios que ostentan en sus asambleas generales.

Considerando los dramáticos efectos de estas prácticas que se concretan en gran parte en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales y los derechos como consumidores de sus ciudadanos, de los que ellos a tenor de la normativa extractada tienen que estar vigilantes; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas por no haber podido acceder a unos recursos que son además suyos, lo que resulta además de ilícito, injusto para el resto de los habitantes del municipio que son los que sufragarán con sus recursos que tendrían en todo caso que ser atendidas por los que originaron la situación de necesidad, los bancos y las cajas de ahorro.

Considerando además que muchas de las entidades responsables son cajas de ahorro en la que los Ayuntamientos tienen poderes de control y dirección y por lo tanto autoridad para limitar e impedir las consecuencias de estas malas prácticas bancarias, el Grupo Municipal de IU plantea para su debate y posterior aprobación si procede el acuerdo siguiente:

ACUERDO

Primero.- Solicitar en los consejos de administración y asambleas generales de las cajas en las que intervengan a través de la representación que ostentan en virtud de la LORCA se reembolse de forma inmediata el 100% del capital invertido a aquellos consumidores con participaciones preferentes con un perfil de riego conservador (según su experiencia inversora previa, cultura financiera y formación) que buscaban una inversión a plazo fijo con capital garantizado y que ya hayan solicitado el reembolso (venta al 100% en el mercado secundario), intercediendo además en dichos órganos para procurar una salida adecuada para el resto de afectados.

Segundo.- Instar al más alto nivel a los presidentes, directores y responsables de zona de las entidades que tengan sucursales en su municipio que negocien una salida para los ahorradores que necesiten de forma urgente sus ahorros.

Tercero.- Instar a los órganos de consumo existentes a verificar el cumplimiento por parte de las entidades comercializadoras de estos productos de la normativa de consumo.

Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) y a las asociaciones vecinales del municipio.

Fdo: Julio Antuña Román

PORTAVOZ G.M. IU S.M.R.A.

Sotrondio, a 22 de junio de 2012.

El Gran Wyoming, HABLANDO CON CLARIDAD

CAE EL BIPARTIDISMO

Si hoy se celebraran Elecciones Generales en España, el PP podría perder la mayoría absoluta. Según el Barómetro del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para El Periódico, el PP podría perder  18 diputados y situarse en una horquilla de 168 a 172 parlamentarios, quedando a cuatro escaños de la mayoría absoluta y por debajo de los 181 que actualemente tiene.

Por su parte, el PSOE perdería nada menos que dos puntos en intención de voto, quedando entre 109 y 112 diputados mientras que  IU con Cayo Lara a la cabeza  alcanzaría los 20 diputados, mejorando los resultados de Julio Anguita, constatando el creciente desencanto ciudadano con las políticas del PP y PSOE y abriendo un espacio propio para la coalición de izquierdas

POR EL EMPLEO EN LAS CUENCAS MINERAS; POR ASTURIAS

'Cuando el miedo cambie de bando'

DOMINGO 10 DE JUNIO

Queremos Saber la verdad sobre la crisis de la banca

Una Comisión de la Verdad sobre la crisis de Cajas y Bancos

El Partido Popular está recortando la escuela y la sanidad. El Gobierno ha aplicado 10.000 millones de euros en recortes a la inversión en la educación, perjudicando así el futuro de nuestros hijos e hijas y de nuestra sociedad, y al gasto en sanidad pública que es fundamental para la salud y el bienestar de todos nosotros. Con los ajustes que exige a las comunidades autónomas, éstas tendrán que optar por hacer más recortes en estos servicios sociales básicos o hacerlos en otros gastos. En las gobernadas por el Partido Popular los recortes se van a aplicar a 'rajatabla' sobre escuelas, asistencia sanitaria y hospitalaria, y dependencia. 

Sin embargo, los bancos y cajas tienen barra libre. En el caso de Bankia, el Gobierno va a reforzar el capital del banco con casi 24.000 millones de euros (cerca de 2,5 veces lo que se recorta en educación y sanidad). 

Desde que comenzó la crisis, bancos y cajas han recibido más de 500.000 millones de euros en ayudas de distinto tipo (ayudas directas, avales para renegociar sus créditos, préstamos transformables en capital y créditos del Banco Central Europeo al 1% por tres años). 

PSOE y PP han entregado al capital financiero privado la mitad del ahorro y el crédito del país mediante la privatización y bancarización de las Cajas de Ahorro, seguidas ahora de su expolio. 

De hecho, todas las medidas que se nos han presentado como medidas para salir de la crisis han sido, en el fondo, medidas para mejorar la situación de bancos y cajas. 

Por ello, las políticas aplicadas para salir de la crisis han sido una auténtica estafa. 

Pese a todo, parece que las ayudas a Bankia no serán las últimas. Otros bancos y cajas pueden necesitar aún más dinero. Estimaciones prudentes hablan de 50.000 millones de euros, pero todo dependerá del resultado de una auditoría que van a hacer auditores extranjeros bajo la supervisión y control del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Si esas auditorias son negativas serán precisos nuevos rescates. 

¿De dónde saca el Gobierno el dinero para esas ayudas? 

Endeudándose más aún. Cada 10.000 millones de inyección a los bancos es casi 1 punto del PIB más de deuda por la que hay que pagar intereses. Todo ello, el crédito y sus intereses, hay que pagarlo con dinero de los y las contribuyentes. Con dinero que sale de nuestros bolsillos. 

Dinero que se debería utilizar para educación, salud, dependencia y otros gastos sociales y se usa para ayudar a los bancos. 

¿Cómo han llegado a esta situación? 

Ni los Gobiernos del PSOE ni los del PP quisieron detener la especulación inmobiliaria. Las Cajas de Ahorro, con ejecutivos nombrados por los gobiernos autonómicos presididos por el PSOE y el PP, colaboraron de forma sobresaliente en la misma. 

Pero ha habido algo más que eso. Créditos temerarios, operaciones de dudosa legalidad, evaluación cómplice de los riesgos, seguimiento de políticas de infraestructuras sin ningún respaldo serio (que han dado lugar a aeropuertos inútiles y a cientos de miles de viviendas vacías y a urbanizaciones y polígonos sin uso). 

Y ha habido también una gestión deplorable. Retribuciones y pensiones escandalosas, falsedad en los balances contables y una escasa diligencia culpable en la supervisión del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

¿Queremos saber lo que ha pasado y quienes son los responsables 

Izquierda Unida ha pedido que se cree una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados que depure las responsabilidades políticas y administrativas que existan en la gestión de las instituciones financieras, en el trabajo de los organismos de supervisión y en la acción de las autoridades políticas y administrativas. Esta Comisión debe tratar especialmente la gestión en las instituciones intervenidas o que puedan intervenirse, como BFA/Bankia, Bancaja, la CAM, Caja Castilla La Mancha, NovaCaixaGalicia, UNIMM, el Banco de Valencia y otras. 

Se trata de crear una auténtica 'Comisión de la Verdad' sobre la crisis de las instituciones financieras españolas. 

Pero esta Comisión no encuentra apoyo en los partidos mayoritarios. Realmente tienen responsabilidades compartidas en todo el proceso que nos ha llevado a esta situación y eso explica sus resistencias. 

No obstante, si esa Comisión no sale adelante y/o complementariamente a su trabajo,Izquierda Unida, apelando a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, está dispuesta a colaborar en la puesta en marcha de un auténtico Tribunal Social sobre las Responsabilidades en la Crisis de las Instituciones Financieras. 

Vamos a pagar con nuestros impuestos el agujero financiero de Cajas y Bancos y tenemos derecho a saber lo que ha pasado y a exigir responsabilidades para que los culpables sean identificados y castigados.

SILENCIOS QUE DICEN MUCHO

Baja la persiana la tienda donde en casa compramos toda la vida… y probablemente para no volver a abrir.

Una ved más la crisis y sus efectos.

Cada día silenciosamente 1000 autónomos (que se dice rápido)  cierran en este país, por una economía  dedicada a especular en lugar de producir.

Para los pequeños negocios no habrá rescate como a la banca, por eso, si se crea un gran banco público debe servir para dar una salida social a la crisis y propiciar un nuevo modelo de desarrollo productivo que apueste por los emprendedores autónomos y para garantizar que haya seguridad para los ahorradores y para facilitar el crédito.  


La nacionalización de entidades como Bankia, por la grave situación económica que atraviesan y la creación a partir de ellas de una Banca Pública no debe quedar en salvar bancos y banqueros.

 Esta situación es más grave de lo que la gente piensa, por eso IU va a defender el carácter permanente de la nacionalización, entendiendo que no se pueden nacionalizar las pérdidas y cuando cambien las tornas privatizar los beneficios.

La petición de sacrificios a la sociedad y el olvido de la economía realmente productiva como el caso de los autónomos, viendo en pocos días pasar de 7.500 millones de euros para sanear Bankia, a 19.000 millones, sin preguntarse qué gestión se ha hecho con los recursos públicos de los ciudadanos llama la atención, más, cuando existen responsabilidades de mucha gente, incluida la de los sucesivos gobiernos de los últimos años, que no sabemos qué han hecho.
Por eso, ahora más que nunca, es necesaria una comisión de investigación parlamentaria, para ver si pueden existir incluso responsabilidades penales. No vale presumir como hacen el PP y PSOE de transparencia, mientras impiden una investigación propuesta por IU. Gente como el Gobernador del Banco de España, (azote de los derechos de los trabajadores) el mismo que pedía “en nombre de la competitividad” bajar salarios para superar la crisis, subir la edad de jubilación a los 67 y más reforma laboral y que ahora  en su responsabilidad  o irresponsabilidad calla, debe dar la cara y explicaciones.

Julio Antuña Coordinador IU-Samartín