La prisión o campo de concentración de Guantánamo sigue abierta y funcionando y, aunque la última decisión del Tribunal Supremo de reconocer a los detenidos el derecho de hábeas corpus puede alterar definitivamente su existencia, la Administración de George Bush se resiste a aceptar el descalabro. Lo ha demostrado el propio Bush, que tras mostrarse "decepcionado" por la resolución, está estudiando volver a cambiar la ley, como ya hizo ante las dos decisiones similares anteriores del alto tribunal. Y lo ratificó ayer el fiscal general, Michael Mukasey, que anunció que, aunque los presos tengan derecho ahora a recurrir contra su detención ante la justicia ordinaria y se augure un aluvión de esos recursos, los juicios en comisiones militares "seguirán su curso".La filosofía de Mukasey es que el Supremo ha cuestionado el procedimiento establecido por el Congreso y el presidente para calificar a los detenidos como "combatientes enemigos" y restringir sus derechos a la justicia militar, pero no los juicios en comisiones militares en sí mismos. Diecinueve de esos juicios están pendientes y, de momento, se celebrarán como estaba previsto, según el anuncio que Mukasey realizó ayer en Tokio.Su determinación, sin embargo, es cuestionada por la nueva realidad que abrió el jueves el Supremo. Un total de 200 de los 270 detenidos de Guantánamo habían presentado a lo largo de los últimos años recursos contra sus detenciones ante la justicia civil. Esos casos no podían prosperar porque el Gobierno les había negado el acceso a los tribunales ordinarios. Ahora han recobrado ese derecho. Y ayer mismo el juez que preside el Tribunal Federal de Distrito en Washington DC llamó a una reunión a los magistrados que probablemente tendrán que decidir sobre esos 200 casos.Quedan aún infinidad de interrogantes por contestar. ¿Qué estándares deberá cumplir el Gobierno para probar que las detenciones están justificadas? ¿Qué parámetros se crearán para proteger los métodos y fuentes de espionaje con los que se han conseguido las pruebas contra los detenidos? ¿Cuándo podrán empezar los juicios y qué plazos se dará al Gobierno para presentar las pruebas de cargo que hasta ahora, y pese a las protestas internacionales, ha mantenido en absoluto secreto?Hasta que no se obtengan respuestas no empezará a aclararse el futuro de Guantánamo, una base que hasta el secretario de Defensa, Robert Gates, aboga por cerrar pero para la que no ha hallado alternativas. Y se augura ya que algunos detenidos tendrán que ser puestos en libertad. En 80 casos, por ejemplo, se cree que el Gobierno no dispone de pruebas para demostrar la supuesta vinculación de los presos con Al Qaeda, pero los considera demasiado peligrosos como para dejarlos en libertad o deportarlos.
Algún día saldrán a la luz las atrocidades cometidas en ese campo de tortura.
Estados Unidos por el momento continua pasando por encima de los derechos humanos.
