27 de febrero de 2012

Izquierda Unida presenta sus propuestas para luchar contra el fraude fiscal


Cayo Lara presenta la propuesta que apunta directamente a los paraísos fiscales, pide limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros y propone eliminar los billetes de 500

El coordinador federal de IU alerta de que este fraude lleva a la economía y a Hacienda a un “deterioro permanente” que, además, está siendo aprovechado por el Gobierno del PP para “justificar su política de recortes”.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, quiere que el Gobierno del PP no se quede a medio camino en sus propuestas y combata de verdad el fraude fiscal que existe en nuestro país, “uno de los más altos de Europa”, según ha señalado. Para ello, Lara ha presentado hoy la iniciativa parlamentaria que ha registrado esta formación en el Congreso sobre “medidas para luchar contra el fraude fiscal” donde, entre otras cuestiones, se busca una actuación conjunta y global entre Interior, la Fiscalía General del Estado, la Agencia Tributaria y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales “para averiguar la identidad de las personas o entidades que utilizan en España los bienes y derechos de los que son titulares las empresas domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal”.

Además, para acabar con la desorbitada cifra que indica que “uno de cada cuatro euros que circula en la economía española no paga impuestos”, recordada por el máximo responsable de IU, la proposición no de ley presentada, que lleva la firma del portavoz económico en el Congreso, Alberto Garzón, incluye también instar al Gobierno a “limitar los pagos en efectivo en determinadas operaciones a 1.000 euros como medida disuasoria frente al fraude fiscal” y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy plantee “en las instituciones europeas la eliminación del billete de 500 euros”.

Como ejemplo, cifró en cerca de 26.000 millones de euros “el dinero que saldría a la luz con la limitación de esos pagos en efectivo a 1.000 euros. Esto es casi tanto como la cifra que quiere recortar el Gobierno en los próximos Presupuestos Generales del Estado”.

Ilustró también la necesidad de la medida de eliminar los billetes de 500 euros –que, como la anterior, iba incluida en el Programa Electoral con el que IU se presentó a los pasados comicios generales del 20-N- al recordar que en la Eurozona circulan más 200.000 millones de euros en forma de este tipo de billetes “la mayoría de los cuales escapan al control de Hacienda”.

Cayo Lara alertó de que el fraude fiscal conduce a la economía y a la Hacienda Pública a un “deterioro permanente” que, además, está siendo aprovechado por el Gobierno de la derecha para “justificar su política de recortes”.

A su juicio, este tipo de fraude “unido a la economía sumergida reducen de forma decisiva los recursos de nuestro sistema fiscal, limitando la financiación precisa para contribuir al desarrollo económico y social del país”.

El coordinador federal de IU alternó la explicación de la propuesta registrada por IU con más cifras que evidencian su urgente necesidad. Así, apuntó al informe elaborado por los técnicos de la Agencia Tributaria que señala que, según recordó, que “el 75 por ciento del fraude tributario lo está generando el 3 por ciento de las empresas que facturan más de 150 millones de euros”, lo que tachó de “lacra”.

Asimismo, tal y como también recoge el texto de la iniciativa, alertó de que “según el último Barómetro Fiscal realizado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), de 2010, los ciudadanos opinan que los colectivos que más defraudan son los empresarios (40%), seguidos por los profesionales (19%) y autónomos (11%), y los que menos defraudan son los asalariados (2%)”.

Como para combatir todo esto se necesitan los medios adecuados, Izquierda Unida propone al Gobierno en su proposición no de ley “aumentar los recursos materiales y humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cambiar sus procedimientos de trabajo buscando la calidad de la inspección más que la cantidad y reformar su metodología, organización, distribución del trabajo y competencias internas”.

Además, reclama que esta misma Agencia Tributaria informe “con carácter trimestral a las Cortes Generales de los resultados de las actuaciones de control del fraude y atención a los contribuyentes realizadas en el cumplimiento de sus funciones”.

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