Plan de ajuste del Gobierno UN DURO GOLPE A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONISTAS

¿QUÉ SUPONE EL RECORTE APROBADO POR EL GOBIERNO?

Las medidas aprobadas por el Gobierno (congelar pensiones, rebajar el salario a los empleados públicos, suprimir el periodo transitorio para la jubilación parcial, suprimir la retroactividad en materia de dependencia y reducir la inversión) llevan al país a una situación de desastre y traspasan todos los límites en una dinámica que conduce a la confrontación.

Son injustas. Castigan a las personas y colectivos de trabajadores más vulnerables. Desequilibradas. Sólo persiguen reducir el gasto público, en lugar de buscar un aumento de los ingresos del Estado.

Antieconómicas. La congelación de las pensiones, el recorte de los salarios de los empleados públicos y la reducción de la inversión pública provocarán un importante descenso en el consumo, lo que puede provocar una pérdida adicional de puestos de trabajo. Amenazan la negociación colectiva. Hay empresas del sector privado que ya han roto o bloqueado la negociación de los convenios, aprovechando el recorte de salarios anunciado por el Gobierno.

El plan de ajuste quiebra, además, la legitimidad del diálogo social y de la actividad del Congreso de los Diputados, al anular acuerdos recientemente firmados y vulnerar consensos parlamentarios sobre el sistema público de pensiones alcanzados en el Pacto de Toledo.

Hay otra forma de abordar la salida de la crisis que garantiza más ingresos y menos gastos para atajar el déficit, y distribuye más equitativamente los esfuerzos a realizar, sin recortar los derechos de los trabajadores y trabajadoras:

I Recuperando los impuestos sobre Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.

I Estableciendo un nuevo tramo en el IRPF con un tipo de gravamen del 50% para los ingresos superiores a los 120.000 euros.

I Recuperando el tipo de gravamen del 35% para las sociedades con una facturación superior a 500 millones de euros.

I Luchando de manera efectiva contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

I Mediante una política económica que haga del empleo su objetivo principal, y una reforma laboral que erradique la temporalidad injustificada y la dualidad del mercado de trabajo.

Con estas medidas se podría reducir el déficit en una cantidad superior a la estimada por el Gobierno, sin lesionar los derechos sociales y laborales.