Los efectos perniciosos de la reforma de las pensiones que se está negociando
Si la contrarreforma laboral motivó las importantes movilizaciones sindicales que culminaron en la exitosa huelga general del pasado 29 de septiembre, el empecinamiento del presidente Zapatero en mantener sus contenidos y la adopción de nuevas medidas, congelando las pensiones en el próximo año, haciendo desaparecer a partir de enero las ayudas a los parados que hubiesen agotado sus prestaciones y anunciando su voluntad de imponer un contundente recorte en el sistema público de pensiones, han llevado de nuevo a las centrales sindicales a convocar manifestaciones para el 18 de diciembre y poner en marcha una iniciativa legislativa popular. Esta iniciativa, que ya cuenta con medio millón de firmas, obligará a volver a discutir y votar en el Congreso para hacer reversibles los cambios introducidos en el mercado de trabajo.
La decisión del Gobierno del PSOE de congelar las pensiones en 2011 supone profundizar en la crisis porque contribuye a la caída del consumo y es una clara injusticia porque va más allá en la política de hacer recaer sus consecuencias sobre los más desfavorecidos. Sólo la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, con el que se recaudaban 2.300 millones de euros, permitiría aplicar la subida de pensiones y mantener el subsidio a los parados que hubiesen agotado sus prestaciones por desempleo. Aún sobrarían 300 millones de euros. Por cierto, es un impuesto que sólo afectaba a un millón de personas, que sólo pagaba el 2,27% de la población. Además, no hay razones para la alarma que, de forma deliberada, se está creando sobre el futuro de las pensiones en nuestro país. El sistema público de pensiones está aguantando bien la crisis. Hoy los sistemas de capitalización privados están en una situación mucho más crítica y problemática que los sistemas públicos de reparto. De hecho, en Suecia, que hace unos años incorporó en el sistema público un componente de capitalización, es hoy manifiesta la gran preocupación por la pérdida de valor de este régimen. Está demostrado que el sistema público de reparto es más eficiente y estable que el de capitalización privada.
En consecuencia: ni es necesario aumentar la edad de jubilación a los 67, ni incrementar el número de años para acceder a la prestación, ni prolongar el período de cálculo de las futuras pensiones ni mucho menos hacer desaparecer las pensiones de viudedad. Si esto se lleva a cabo, no duden de la notable reducción de las prestaciones que percibiremos los futuros pensionistas. El «pensionazo» acabará afectando con más intensidad a las generaciones más jóvenes, que viven, además, las consecuencias de las reformas laborales que agravan la inestabilidad de sus empleos y contribuyen a reducir salarios y cotizaciones al sistema.
Es necesario contestar socialmente a esta solución de Zapatero a la crisis, ya que únicamente busca hacer recaer las consecuencias de la crisis sobre los más desfavorecidos, renunciando a poner en marcha una reforma fiscal que profundice en los criterios de progresividad y haga que pague más quien más tiene. La contestación social necesita un referente político que articule en las instituciones las alternativas que se derivan de dicha respuesta si no queremos que los fenómenos de desafección de lo político y la política avancen en nuestro país. La alternativa no está en la derecha, que está de acuerdo con lo que se está haciendo, alienta a los mercados y a los especuladores magnificando las dificultades de España y aspira a acceder al poder para acabar de dinamitar lo que queda del Estado del bienestar. Hace falta más izquierda en la calle y en las urnas
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